Los riesgos de celebrar una boda pirata

¿Cuántos de nosotros hemos ido, o iremos de boda este año? A pesar de las alertas que empezaron a surgir en 2012 sobre la utilización de fincas declaradas de suelo rústico y destinadas a estas celebraciones, aún hoy en día, muchos de los parajes donde nuestros amigos y familiares dan el ‘Sí, quiero’ siguen siendo ilegales. ¿Existe alguna solución o vía alternativa para que sus dueños aprovechen el solar sin perjudicar a todo un sector económico?

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¿Cómo surgen las fincas de boda pirata?

La campaña de la Declaración de la Renta de este año ha tenido un compañero fiel: los alquileres que estaban sin declarar. Pero también existen otro tipo de arrendamientos que escapa a Hacienda y que en la actualidad mueven en torno a 180 millones de euros: los alquileres de fincas para eventos.

Las complicaciones económicas de los últimos años, sumadas a la dificultad de hacer frente a los trámites derivados de las herencias, han provocado el surgimiento de propiedades que bajo la calificación de suelo rústico han comenzado a abrirse un hueco en el sector hostelero sin las licencias oportunas que comienzan recalificando ese terreno como urbano.

En la mente de alguno de nosotros, puede aparecer la imagen de familias adineradas que por suerte, o por desgracia si pensamos en las cargas impositivas, reciben este tipo de fincas tras una herencia. Pero no nos engañemos, en nuestro país este tipo de casos son mínimos.

Muchos han visto en las tierras del ‘abuelo Matías’ un recurso para las complicaciones económicas y en algunos casos, se han convertido de repente en su titular tras una herencia, sin pertenecer ni los unos ni los otros a la clase adinerada.

Ante la imposibilidad de hacer frente al coste económico que cuanto menos generan los impuestos anuales de un terreno, o de invertir para convertirlo en productivo a través de una actividad agrícola, sumado esto a la dureza del mercado inmobiliario durante los últimos años, la opción de introducirse de manera poco honesta y muy desleal  en el sector hostelero, puede hasta cierto punto, considerarse como una medida de supervivencia.

Con la recuperación económica, ¿estos lugares están desapareciendo?

Una cosa es cerrar los ojos en épocas de una fuerte depresión económica a la economía sumergida que ha circulado por todos los rincones del país, y otra muy distinta es aprovecharse de la situación y obtener un beneficio propio a costa de perjudicar deshonestamente a la competencia, y por ende a la sociedad, si pensamos por ejemplo en la recaudación de Hacienda y los impuestos derivados de esa actividad económica que ejercen ilegalmente.

Junto a las implicaciones monetarias que de una manera u otra nos afectan a todos, también es imprescindible pensar, y defender, que muchas de estas fincas se encuentran protegidas debido a su importancia ecológica y al impacto medioambiental que la utilización de ellas más allá de la actividad agrícola, causaría a las especies del lugar.

Y esta es la clave de la ilegalidad, se quiera o no, de todos aquellos que por unas razones u otras son propietarios de fincas y que recogen en los documentos de la propiedad el título ‘terreno rural/suelo rústico’. Porque todos los terrenos de este tipo en España no contemplan la opción de ser recalificados. Eso quiere decir, que incluso si el Ayuntamiento de la localidad, apoyase la insistencia del propietario y pensase que el impacto económico sería positivo para sus habitantes, no tiene potestad para conceder la licencia o intermediar en ello.

Mientras nadie diga lo contrario, aquí habrá bodas y celebraciones

Como en otros aspectos de nuestra sociedad y de la legislación en la que nos movemos, la falta de iniciativas por cambiar lo establecido, independientemente de las razones, obliga a que un sector altamente competitivo no solo se vea afectado, sino también impedido, pues de cambiar las normativas, muchos explotarían ese terreno de forma legal, respetando las reglas de la competencia y aportando su granito de arena a la economía del país.

Así pues, si a pesar de conocer su ilegalidad, ya sea porque eres el empresario de un complejo de este tipo, o porque estás preparando tu boda y el presupuesto se ve seriamente reducido al compararlo con otras zonas de banquetes, decides apostar por esta alternativa, os dejamos una lista de las consecuencias que alberga la ley:

Cada Autonomía tiene su propia ley, en el caso de Madrid es la Ley 17/1997 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Esto implica que la empresa no está obligada a cumplir las normas administrativas ni fiscales que se dictan, junto con las obligaciones en higiene, incendios, seguridad, gestión de residuos, alimentación y regulación laboral del personal.

Desempeñar una actividad sin la respectiva licencia implica:

  • Cierre y precinto de la zona.
  • Cese de la actividad.
  • Multas y sanciones
  • En caso de accidente (personal o invitados), la responsabilidad penal recae en el dueño o empresa gestora del acontecimiento.
  • Imposibilidad de contratar un seguro que cubra cualquiera de las posibles incidencias del negocio o infraestructuras.
  • Si la boda o celebración no se puede realizar, cualquier servicio externo contratado sería responsabilidad de los novios o el anfitrión.

En caso de que prefieras realizar una boda o evento, sin las complicaciones que supone contratar un sitio ilegal, ante la menor duda de fraude, puedes ir al Ayuntamiento correspondiente y preguntar por la calificación del terreno. Y si prefieres no perder el tiempo, existen webs que te facilitan el trabajo e incluso investigan por ti.

En Avantis Legal disponemos de un equipo especializado en Derecho Civil que también pueden asesorarte tanto si has contratado una celebración en un lugar que no cumple con los requisitos legales o si deseas poner una reclamación sobre este tipo de negocios.

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